Franz Chávez / IPS
La corrupción de funcionarios públicos, el desempleo y la inseguridad ciudadana son los problemas pendientes del actual gobierno de Bolivia, según su presidente Evo Morales.
Treinta meses después de iniciado el mandato del izquierdista Morales, en este país con 10 millones de personas la pobreza sigue elevada, pues afecta a 67 por ciento de la población.
Morales reconoció que "es difícil erradicar la corrupción" de los servidores públicos, en su discurso del jueves ante el Congreso Nacional reunido en la capital, Sucre, en el 184 aniversario de la independencia.
"Es una debilidad del Estado y siento que es una herencia del Estado colonial", justificó.
El propio Morales fue golpeado por la corrupción cuando uno de sus principales colaboradores, Santos Ramírez, presidente hasta febrero de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fue implicado en un caso de soborno.
Ramírez está detenido, mientras la fiscalía investiga su responsabilidad en los delitos que se imputan a ese influyente dirigente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
"Es importante vivir para la patria y no vivir de la patria", dijo Morales.
Para la diputada opositora Marisol Abán, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es lamentable la falta de propuestas del gobierno para enfrentar la corrupción. Se necesitan iniciativas orientadas a disminuir el mal uso de los recursos fiscales, dijo Abán a IPS.
El mandatario identificó el desempleo entre las dificultades por resolver. Según la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, 6,6 por ciento de la población económicamente activa no tiene trabajo, mientras el despacho de Trabajo y Desarrollo Laboral sostiene que hay unas 260.000 personas desempleadas.
"El tema del empleo es una debilidad que tiene el Estado", expresó Morales, quien orienta sus esfuerzos a promover la actividad de pequeños productores e industriales mediante créditos estatales.
El problema es más vasto que las cifras, pues buena parte de la fuerza laboral se ocupa la economía informal, percibe ingresos muy bajos y no tiene acceso a seguridad social ni otros derechos laborales básicos, como indemnizaciones, pago de horas extra y vacaciones.
En tres años de gobierno no se avanzó en desarrollo económico y por tanto el desempleo ha derivado en problemas de inseguridad ciudadana, dijo a IPS el historiador y docente universitario Alexis Pérez.
Cada año ingresan 100.000 nuevas personas a un mercado laboral pequeño, de las cuales sólo 1.500 son profesionales, y alimentan un ejército que en verdad llega a medio millón de desocupados, estimó Pérez.
Abán observó la ausencia de políticas estatales encaminadas a generar actividades económicas y cuestionó el "asistencialismo" aplicado hacia los sectores pobres, a través de la asignación de bonos, o subsidios monetarios.
"Es mejor enseñar a pescar que ofrecer el pescado", dijo la congresista, repitiendo un antiguo refrán. "La gente quiere herramientas, instrumentos y opciones de trabajo más que el dinero que se entrega", agregó.
Morales defendió la validez de su política de asignación de subsidios a escolares, ancianos, infantes y mujeres en gestación, y atribuyó la capacidad para prestar este apoyo estatal a sus logros en materia de ingresos fiscales por la nacionalización de los hidrocarburos, resuelta apenas fue investido presidente.
"¿Quién no tiene en casa un abuelo, un hijo y una madre que hoy se benefician con los bonos del gobierno?", interrogó el presidente.
En un análisis más amplió, Pérez cuestionó el marcado interés del gobierno por aplicar las autonomías indígenas establecidas en la nueva Constitución, concebidas casi como "un sistema feudal", y que tendrán un alto costo económico que debe ser cubierto por el Estado.
El proceso debería avanzar de manera inversa, sostuvo. La condición previa a las autonomías es el desarrollo de las empobrecidas zonas habitadas por los pueblos indígenas, sobre todo en el centro y occidente del país, para redistribuir riqueza en lugar de disputar la pobreza, opinó.
En lugar de promover una descentralización costosa, es mejor impulsar la actividad productiva en las empobrecidas zonas rurales y urbanas con la actuación directa del Estado, y dejar a la inversión privada actuar en el terreno del mercado competitivo, expresó.
La presencia de Morales el jueves en Sucre, situada 740 kilómetros al sureste de La Paz quebró la frialdad impuesta por las autoridades locales, opuestas a su administración y que el pasado año le impidieron asistir al acto de celebración y presentación de su informe al Órgano Legislativo.
Con el apoyo de miles de indígenas, organizaciones populares y trabajadores mineros que escoltaron al mandatario e hicieron las veces de cuerpo de seguridad, Morales ratificó la aplicación de un modelo de gobierno en defensa de los recursos naturales y la búsqueda de igualdad social en este país que es uno de los más pobres de América Latina. (FIN/2009)
La corrupción de funcionarios públicos, el desempleo y la inseguridad ciudadana son los problemas pendientes del actual gobierno de Bolivia, según su presidente Evo Morales.
Treinta meses después de iniciado el mandato del izquierdista Morales, en este país con 10 millones de personas la pobreza sigue elevada, pues afecta a 67 por ciento de la población.
Morales reconoció que "es difícil erradicar la corrupción" de los servidores públicos, en su discurso del jueves ante el Congreso Nacional reunido en la capital, Sucre, en el 184 aniversario de la independencia.
"Es una debilidad del Estado y siento que es una herencia del Estado colonial", justificó.
El propio Morales fue golpeado por la corrupción cuando uno de sus principales colaboradores, Santos Ramírez, presidente hasta febrero de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, fue implicado en un caso de soborno.
Ramírez está detenido, mientras la fiscalía investiga su responsabilidad en los delitos que se imputan a ese influyente dirigente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
"Es importante vivir para la patria y no vivir de la patria", dijo Morales.
Para la diputada opositora Marisol Abán, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es lamentable la falta de propuestas del gobierno para enfrentar la corrupción. Se necesitan iniciativas orientadas a disminuir el mal uso de los recursos fiscales, dijo Abán a IPS.
El mandatario identificó el desempleo entre las dificultades por resolver. Según la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, 6,6 por ciento de la población económicamente activa no tiene trabajo, mientras el despacho de Trabajo y Desarrollo Laboral sostiene que hay unas 260.000 personas desempleadas.
"El tema del empleo es una debilidad que tiene el Estado", expresó Morales, quien orienta sus esfuerzos a promover la actividad de pequeños productores e industriales mediante créditos estatales.
El problema es más vasto que las cifras, pues buena parte de la fuerza laboral se ocupa la economía informal, percibe ingresos muy bajos y no tiene acceso a seguridad social ni otros derechos laborales básicos, como indemnizaciones, pago de horas extra y vacaciones.
En tres años de gobierno no se avanzó en desarrollo económico y por tanto el desempleo ha derivado en problemas de inseguridad ciudadana, dijo a IPS el historiador y docente universitario Alexis Pérez.
Cada año ingresan 100.000 nuevas personas a un mercado laboral pequeño, de las cuales sólo 1.500 son profesionales, y alimentan un ejército que en verdad llega a medio millón de desocupados, estimó Pérez.
Abán observó la ausencia de políticas estatales encaminadas a generar actividades económicas y cuestionó el "asistencialismo" aplicado hacia los sectores pobres, a través de la asignación de bonos, o subsidios monetarios.
"Es mejor enseñar a pescar que ofrecer el pescado", dijo la congresista, repitiendo un antiguo refrán. "La gente quiere herramientas, instrumentos y opciones de trabajo más que el dinero que se entrega", agregó.
Morales defendió la validez de su política de asignación de subsidios a escolares, ancianos, infantes y mujeres en gestación, y atribuyó la capacidad para prestar este apoyo estatal a sus logros en materia de ingresos fiscales por la nacionalización de los hidrocarburos, resuelta apenas fue investido presidente.
"¿Quién no tiene en casa un abuelo, un hijo y una madre que hoy se benefician con los bonos del gobierno?", interrogó el presidente.
En un análisis más amplió, Pérez cuestionó el marcado interés del gobierno por aplicar las autonomías indígenas establecidas en la nueva Constitución, concebidas casi como "un sistema feudal", y que tendrán un alto costo económico que debe ser cubierto por el Estado.
El proceso debería avanzar de manera inversa, sostuvo. La condición previa a las autonomías es el desarrollo de las empobrecidas zonas habitadas por los pueblos indígenas, sobre todo en el centro y occidente del país, para redistribuir riqueza en lugar de disputar la pobreza, opinó.
En lugar de promover una descentralización costosa, es mejor impulsar la actividad productiva en las empobrecidas zonas rurales y urbanas con la actuación directa del Estado, y dejar a la inversión privada actuar en el terreno del mercado competitivo, expresó.
La presencia de Morales el jueves en Sucre, situada 740 kilómetros al sureste de La Paz quebró la frialdad impuesta por las autoridades locales, opuestas a su administración y que el pasado año le impidieron asistir al acto de celebración y presentación de su informe al Órgano Legislativo.
Con el apoyo de miles de indígenas, organizaciones populares y trabajadores mineros que escoltaron al mandatario e hicieron las veces de cuerpo de seguridad, Morales ratificó la aplicación de un modelo de gobierno en defensa de los recursos naturales y la búsqueda de igualdad social en este país que es uno de los más pobres de América Latina. (FIN/2009)
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